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Mientras España supera en número de muertos a China por el coronavirus y se asoma a una recesión económica de dimensiones desconocidas pero abrumadoras, la única salvación posible parece estar en Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intensificó ayer la petición de ayuda comunitaria y solicitó a Bruselas pruebas de «compromiso real, de contundencia y de solidaridad». Según alegó, Europa «se la juega» y «esta vez no puede fallar». El mensaje de Pedro Sánchez llega tras el fiasco de la reunión del Eurogrupo del pasado jueves, en la que Países Bajos y Alemania terminaron poniendo pie en pared a las peticiones de algunos países, entre ellos España, que solicitaban la puesta en marcha de un instrumento de deuda común, lo que coloquialmente se han venido a llamar «coronabonos» y que ayer Sánchez rebautizó como «bonos de reconstrucción», para poder financiar los ingentes gastos que dejará tras de sí la pandemia del coronavirus Covid-19. «Hasta los países más europeístas necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea, que escucha y actúa, pero pedimos contundencia y solidaridad», resaltó ayer Sánchez durante su comparecencia en La Moncloa. Y es que la brecha abierta entre el norte y el sur del Viejo Continente no hace sino revivir los fantasmas de la crisis de 2008, cuando Alemania bloqueó la posibilidad de emitir deuda conjunta incluso en los momentos más duros de la crisis del euro. Los países «hormiga» no querían entonces financiar la fiesta de las «cigarras». Y tampoco parecen estar dispuestas a compartir gastos ahora. Al menos no en las condiciones en que actualmente exige España. Según dijo ayer Sánchez, se demandan a Europa diferentes tipos de medidas, dirigidas a combatir la emergencia sanitaria por el coronavirus, de coordinación para asegurar la repatriación de compatriotas y también de ciberseguridad común, «por lo que la respuesta debe ser unida ante la actual catástrofe». Además, se pide levantar «una economía de guerra y promover la resistencia con medidas de endeudamiento público». Es que lo Sánchez ha llamado un «nuevo Plan Marshall», que «debe contar con el respaldo de todos los organismos europeos», incidió . Sin embargo, tanto Alemania como Países Bajos ya mostraron a España el camino y pasa, en su opinión, por la apelación al Fondo de Rescate. Algo a lo que hoy se ha vuelto a negar el presidente: «Hay que mutualizar esa deuda entre todos», para que «los bonos de reconstrucción tengan el abrigo, el amparo y la solidaridad del conjunto de Europa». El problema pasa por definir qué conceptos podrían financiarse a través de este papel de deuda común. Y que no todos los países han aprobado las mismas redes de cobertura social, ni tienen la misma estructura sanitaria. Como fuere, Sánchez también trató ayer de mutualizar la crisis sanitaria con el resto de los socios europeos. Como en anteriores comparecencias, el presidente resaltó la dimensión «global» de la pandemia del coronavirus que, dijo, es «simétrica» y «no respeta fronteras ni distingue entre Estados». Y aseguró que todos los países, «con independencia de su situación económica», deben hacer frente «a las mismas realidades y carencias», como por ejemplo a la hora de «adquirir material como mascarillas, batas y guantes. «Ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío ni contábamos con los recursos necesarios», reconoció. El tino en las negociaciones con Europa es ahora más importante que nunca. Nuestro país figura entre los más endeudados del euro, lo que puede suponer un problema en el futuro para financiar los gastos derivados de la pandemia por el virus Covid-19. Y la economía española, basada en servicios y turismo, y con un amplio porcentaje de pymes, sufrirá el impacto con especial fuerza. Pero, además, la gestión de la crisis sanitaria ha puesto a España en el foco mundial, con el riesgo asociado de revivir una crisis reputacional que sería ahora letal.

¿Quién paga las nóminas durante los dos semanas de permiso retribuido recuperable? Hasta el jueves 9 de abril los trabajadores de actividades no esenciales seguirán cobrando su sueldo aunque no vayan a trabajar, y será la empresa la que lo tenga que abonar. Las horas que se pierdan serán recuperadas cuando la situación vuelva a la normalidad. ¿En qué casos se producen permisos retribuidos en las empresas? Un permiso retribuido, por ejemplo, son los 15 días que se concede a un trabador cuando se casa, los días pactados en cada convenio colectivo para acompañar a un familiar hospitalizado o el día que un empleado tiene para hacer una mudanza. ¿Cómo se recuperarán las horas que no se trabajen? Sánchez ha asegurado que será «de forma paulatina y espaciada en el tiempo» y su propuesta a las empresas es que «cuando pase el estado de alarma, los trabajadores afectados podrán trabajar una hora más al día hasta el 31 de diciembre para recuperar esas horas que no van a poder realizar». La medida pondrá patas arriba toda la organización interna de las empresas afectadas, las jornadas y los turnos. ¿Qué supone para las empresas tener que seguir pagando sueldos sin que el trabajador acuda a su puesto de trabajo? Las empresas que no sean consideradas servicios esenciales dejarán de producir a partir del próximo martes, pero tendrán que seguir asumiendo sus costes laborales habituales en un contexto en el que el Gobierno ha prohibido por ley los despidos objetivos por causas económicas, técnicas y de producción y ha prorrogado los contratos temporales. En definitiva, que serán las empresas las que tengan que asumir todo el coste sin tener ingresos y sin aplazamientos fiscales. ¿Qué supondrá para la economía el confinamiento prácticamente total? Esta medida supondrá un parón aún mayor de la actividad, pues solo funcionarán servicios de muy primera necesidad. La propuesta es rechazada por el mundo empresarial por el enorme impacto económico y social que conllevará, al hundir actividad y empleo y dificultar la posterior recuperación económica de España.

El inicio de la segunda semana de confinamiento por el Covid-19 vino marcado por la petición del Gobierno español de una suerte de «Plan Marshall» contra la crisis. Nosotros creemos que la economía española, ahora mismo, no necesita inversiones masivas en infraestructuras sino dirigir todos sus recursos a atender la emergencia sanitaria y mantener el pulso de la actividad privada que, para no aumentar los contagios, debe ir al ralentí. Es muy importante tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado. Es prioritario que los profesionales y la administración sanitaria reclamen lo que necesitan -ya sea equipo, EPIs, instalaciones- y dárselo con celeridad. Para mantener el pulso económico (y para tardar lo menos posible en volver a la normalidad), dos acciones políticas son esenciales: 1) pagar los salarios y cotizaciones sociales, así como las rentas de las familias vulnerables; y 2) pagar los vencimientos de los préstamos y líneas de crédito de los agentes económicos. En el primer caso, la empresa sin ingresos puede dar vacaciones a sus trabajadores o acogerse a un ERTE, y el Gobierno tendrá que usar sus recursos para sostener la renta de las familias e impedir que las empresas cierren. Un plan financiero bien diseñado permitirá aliviar la carga sobre las cuentas públicas del sostenimiento de los salarios y las rentas de las familias si la situación se prolonga. Para este fin, las posibles intervenciones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE-ESM por sus siglas en inglés: el Tesoro creado por el Consejo Europeo en 2011), que son necesarias concretar cuanto antes, podrían hacer llegar al Gobierno de España los recursos suficientes (unos 100.000 millones de euros) para el volumen de gasto requerido y, por si fuera necesario, la cobertura de las garantías a las que nos referimos a continuación. El segundo caso, en principio, no requiere desembolso del Estado en primera instancia. Sin embargo, el parón de la actividad de las empresas tensiona el mercado de crédito. El sistema financiero gestiona las líneas de pago a proveedores que sirven a las grandes empresas, y debe estar en condiciones de sostenerlas. Para ello, las renovaciones de créditos que vencen y las líneas nuevas necesitan garantías y avales públicos, además de moratorias y periodos de carencia. Esta actuación debe ser coordinada por el Banco de España para que funcione correctamente, ya que es el organismo que tiene los datos acerca de la financiación a corto plazo que el sistema financiero proporciona a las empresas. Con estos datos podría estar elaborando las garantías para las líneas de crédito que se van a respaldar por la Hacienda española (vía MEDE) y por el BCE. El sistema financiero dispone, además, de mecanismos de financiación a través de la cesión de derechos de cobro futuros, y que podrían ampliarse con las garantías de capital adecuadas. Hay que escribir todos esos contratos lo antes posible. La economía española está en condiciones de ofrecer esa moratoria en pagos de empresas, y de adelantar pagos a autónomos, microempresas y pymes. Ahora mismo, en lo peor de la emergencia sanitaria, hay sectores completamente parados, pero otros tienen una actividad frenética. Es el momento del «risk sharing»: hoy por ti, mañana por mí. Por ejemplo, la banca aplazará tres meses el alquiler se sus viviendas sociales, o ha ofrecido relajar el cobro de comisiones y ampliar el plazo de devolución de préstamos a corto plazo. Ya llegará, a corto-medio plazo, el momento de «un gran programa de inversiones» a través del Banco Europeo de Inversiones. No sabemos cómo será la salida de la crisis, si en la ansiada «V» o la preocupante «U». Es aquí donde entran el BCE y el Consejo Europeo, como hemos dicho. Nosotros dudamos de que el Consejo Europeo acceda a la emisión de eurobonos. Por eso creemos que el Gobierno debe concentrar una parte importante de sus esfuerzos en el buen diseño de las políticas esbozadas en el párrafo anterior, así como en plantear escenarios de recuperación económica creíbles, de manera que la financiación del MEDE cumpla su papel, sin incrementar de manera importante los niveles de deuda sobre PIB y con una carga de intereses moderada. No hay un minuto que perder. Cuanto mejor sea ese diseño a nivel doméstico, mejor será nuestra posición dentro de la Eurozona. Antonia Díaz es profesora de Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid y Luis Puch es profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid

Sun, 29 Mar 2020 03:46:52 +0200

Nadie duda de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha de ser parte esencial de la lucha económica contra el Covid-19. De hecho, ya ha anunciado 40.000 millones de euros de apoyo financiero a empresas. El dilema está en hasta dónde será capaz y se permitirá que llegue su actuación como entidad de la UE. Por lo pronto, su vicepresidenta, Emma Navarro, ya anuncia en ABC nuevos proyectos de financiación... con España como uno de los Estados miembros más necesitados de ayuda. ¿Qué función asumirá el BEI en la crisis del coronavirus? Como banco de la UE, el BEI es un instrumento importante de la respuesta europea frente a esta crisis. La pandemia está provocando una situación económica sin precedentes a nivel mundial y en toda Europa. Tener una respuesta de la UE, conjunta y robusta, es fundamental. No es sólo una cuestión de solidaridad, sino que hay razones económicas de peso. Por la fuerte interconexión de nuestras economías, pero también porque esta crisis nos afecta a todos, y si queremos ser eficaces, tenemos que responder juntos y unidos. Debemos demostrar a los ciudadanos que Europa es capaz de estar unida en estos momentos de dificultad. En el caso del Grupo BEI, el compromiso es claro. Estamos trabajando intensamente para poner a disposición de los Estados miembros y de las empresas europeas nuestra financiación, para mitigar los efectos de la crisis y ayudar a que la economía europea se recupere lo antes posible. Lo hicimos ya durante la crisis financiera de 2008 actuando de forma anti-cíclica y aumentando nuestra actividad. Estamos preparados para volver a hacerlo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el BEI? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? El primer paquete de apoyo que anunciamos busca movilizar de forma inmediata hasta 40.000 millones de euros de financiación para pymes y empresas de mediana capitalización, para apoyar sus necesidades más urgentes, facilitándoles capital circulante, préstamos puente o periodos de carencia. Además, estamos reforzando nuestra financiación para inversiones en el ámbito sanitario, y también en proyectos de I+D dirigidos a encontrar un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus. Hemos puesto a disposición inmediata unos 5.000 millones con este fin y vamos a seguir priorizando este tipo de proyectos en nuestras inversiones. Por otro lado, estamos explorando cómo focalizar nuestra actividad este año para responder a las necesidades provocadas por esta crisis, por ejemplo, reorientando algunas líneas y flexibilizando el tipo de proyectos que financiamos más allá de nuestras habituales inversiones a largo plazo. Sin embargo, somos conscientes de que hacer frente al reto que tenemos por delante va a requerir mayores esfuerzos. Por ello, hemos propuesto a los Estados miembros la creación de un fondo paneuropeo de garantías de 25.000 millones de euros. Esta iniciativa, que se está discutiendo actualmente a nivel de ministros, permitiría al Grupo BEI incrementar su apoyo, movilizando unos 200.000 millones más de financiación en apoyo a las empresas europeas, sobre todo a las pymes. ¿De dónde sacará el BEI tanto los 40.000 millones como lo que venga después, teniendo en cuenta que el dinero que maneja no proviene de los presupuestos de la UE? Estos 40.000 millones de euros es la financiación que esperamos movilizar a favor de las pymes. Para ello, vamos a trabajar con nuestros socios financieros europeos, fundamentalmente la banca comercial y los bancos públicos de promoción, como el ICO en España, poniendo a su disposición una serie de instrumentos financieros que les permitan seguir atendiendo las necesidades de las pymes en esta situación extraordinaria. Estas iniciativas que estamos poniendo en marcha siguen los mismos mecanismos que el resto de nuestra financiación. Como en otras operaciones, el BEI se financia siempre captando recursos en los mercados de capitales, a través de nuestras emisiones de bonos. Estas iniciativas que estamos poniendo en marcha se basan en nuestras capacidades actuales. Pero creemos que se puede llegar más allá. Por eso, la propuesta de fondo paneuropeo de garantías se apoyaría en contribuciones de los Estados miembros. El Grupo BEI movilizaría esta financiación, también colaborando con los bancos nacionales de promoción y otros intermediarios. Este fondo sería una iniciativa europea eficaz, para contribuir a hacer frente a un tipo de shock tan extraordinario como el que vivimos. Tal como están ahora los mercados, ¿es sostenible que el BEI siga financiándose en los mercados de capitales? El BEI tiene una posición muy sólida en los mercados, gracias a nuestra triple A. Esta calificación crediticia nos permite financiarnos en condiciones ventajosas y trasladar estas ventajas a nuestros clientes, con financiación muy atractiva. Esto es clave para nuestro modelo de negocios. Vamos a continuar con nuestro programa de financiación para este año, que asciende a unos 60.000 millones de euros y está ya muy avanzado. Esta semana hemos lanzado una emisión de bonos a tres años por importe de 3.000 millones de euros. Ha sido la primera emisión en euros de este plazo de una agencia supranacional desde el estallido del coronavirus. Por otro lado, creo que las potentes medidas que han puesto en marcha el BCE y otros bancos centrales pueden ayudar a mantener la confianza en los mercados y reducir la volatilidad. El BEI realiza proyectos también con la Comisión Europea. ¿Solicitarán dinero a la Comisión? Gran parte de nuestra iniciativa en respuesta al Covid la vamos a hacer con el apoyo de la Comisión Europea, en el marco de programas en los que ya colaboramos. Esto es así también en otros proyectos que financia el Grupo BEI, donde contamos con el respaldo del presupuesto comunitario, como el plan Juncker o el programa COSME del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), nuestra filial especializada en financiación a pymes. Esto nos permite ser más eficientes y llegar a proyectos de mayor perfil de riesgo, manteniendo nuestra fortaleza financiera. ¿Puede garantizar que el crédito del BEI no se quedará solamente en manos de medianas y grandes empresas? No me cabe duda de que llegará a las pymes y cumplirá su finalidad. Tenemos una amplia experiencia en colaborar con intermediarios financieros para financiar a las pymes. De hecho, en España constituyen el principal eje de nuestra financiación, para lo cual tenemos una extensa red de colaboración con la banca. Solo el año pasado nuestros fondos llegaron a más de 90.000 pymes españolas. ¿Qué parte del dinero le corresponderá a España? Queremos que este paquete financiero llegue sobre todo a los mercados y sectores más golpeados por esta crisis. España es uno de ellos y estamos trabajando ya en varias operaciones importantes. Creo que España va a ser un importante beneficiario de nuestro programa de apoyo, como ya lo es del resto de nuestra financiación. De hecho, el año pasado España fue el segundo país destinatario de las inversiones del Grupo BEI, con cerca de 9.000 millones. ¿Por qué no se dedican los 40.000 millones para otorgar financiación directamente a las empresas, en lugar de utilizar a las entidades financieras? La forma más eficaz que tiene un banco supranacional como el BEI de llegar a las pymes es a través de los socios financieros que trabajan sobre el terreno en contacto directo con pequeñas empresas y autónomos. Además, como en el resto de nuestros proyectos, nuestra financiación sirve para catalizar más fondos, dado que el BEI nunca financia la totalidad de los proyectos y los bancos deben complementar esta financiación con sus propios recursos. Por otro lado, dentro de nuestro paquete financiero Covid, incluimos mecanismos para que los bancos nos transfieran parte del riesgo de sus carteras de préstamos destinados a pymes, como garantías o compra de titulización de activos. Estas medidas se condicionan a que los bancos multipliquen su financiación en apoyo a las pymes. En cualquier caso, el BEI también quiere apoyar las necesidades de liquidez de empresas de mayor tamaño, y dentro de nuestra respuesta ante esta crisis estamos explorando nuevos mecanismos para hacerlo. ¿Cómo puede cambiar la operativa del BEI en esta crisis y después de ella? Esta crisis supone un reto para todos, pues requiere una respuesta contundente y rápida. Para el BEI, que es un financiador a largo plazo de proyectos de inversión, nos está llevando a agilizar nuestros procedimientos y flexibilizar el tipo de operaciones que vamos a financiar. Cuando termine la pandemia, la financiación del BEI seguirá siendo muy importante para continuar financiando inversiones claves para reactivar la economía y para asegurar la competitividad y el crecimiento a largo plazo. El BEI tampoco va a olvidar su papel como Banco Europeo del Clima y su compromiso por apoyar la transición hacia una economía baja en carbono. Como responsable de la acción climática de Banco, este es un objetivo que tengo muy presente. «El MEDE o los "coronabonos" pueden ser fundamentales» La OCDE y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han planteado un plan Marshall. ¿Qué papel puede jugar el BEI en este plan? Sin duda el BEI debe ser parte de esta respuesta, no sólo en esta primera fase donde debemos suavizar los efectos de la crisis, sino también cuando termine la pandemia. Como banco de la Unión Europea y como financiador de proyectos de inversión clave para el crecimiento en Europa, tenemos un papel importante a jugar. En cualquier caso, el BEI es sólo uno de los instrumentos. Hay otros mecanismos como el MEDE o los «coronabonos» u otros instrumentos fiscales comunes que pueden ser fundamentales para una respuesta coordinada conjunta a esta crisis, al permitir la necesaria mutualización, es decir, compartir riesgos. Esto es lo que han defendido un grupo de 9 países, entre ellos Francia, Italia y España.

La propia denominación de Unión Europea es una paradoja en sí misma. Cada vez que vienen mal dadas, o amenazan con venir, la desunión rebrota de cuado en cuando para traer a escena que no se trata de un bloque unitario sino de una suma de intereses que chocan cuando el bolsillo está en juego. Eso mismo demostró el Consejo Europeo del jueves con las tradicionales discrepancias entre el sur y el norte respecto a una respuesta económica frente al coronavirus Covid-19, que golpea el saco comunitario sin compasión y abre más heridas según transcurre el tiempo. Posiciones enfrentadas sobre cómo salvar al Viejo Continente de una más que probable crisis económica que se está cocinando a fuego más rápido que lento. Hasta nueve Estados miembros (España, Italia, Francia, Grecia...) enviaron esta semana una carta para pedir medidas coordinadas al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que cayó en saco roto. Lo hicieron después de que Pedro Sánchez y Ángel Gurría -secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- pidieran en sus campos de influencia un nuevo «Plan Marshall». Un programa para revivir a Europa y al mundo cuando el coronavirus deje de ser una emergencia sanitaria. La misiva hacía hincapié en la necesidad de emitir «coronabonos», sin olvidar el papel que el fondo de rescate europeo (MEDE) puede jugar en esta guerra. Porque no son pocos los líderes y economistas que pronuncian la expresión «economía de guerra». Ni «coronabonos» -encaminados a mutualizar la deuda comunitaria, es decir, asumir en conjunto los riesgos de las emisiones- ni salida para el MEDE, que podría inyectar vía préstamos directos hasta 410.000 millones de euros -su potencia de fuego actual- en la UE. Países como Alemania y Holanda, tal como transmitieron en el Consejo Europeo, no quieren oír ni mentar la solidaridad de la deuda mutualizada; ni tampoco de que el fondo de rescate europeo preste dinero sin condiciones. «La pregunta clave con respecto al programa del MEDE es la condicionalidad. Ningún país de la Eurozona aceptaría condiciones similares a las aplicadas por la troika a Grecia. Existe un amplio apoyo entre los gobiernos de la zona euro para permitir que el MEDE ofrezca líneas de crédito en condiciones mejoradas, pero el debate sobre las condiciones es políticamente muy sensible», explica Paul Moran, profesor del Master in International Finance del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). La Unión Europea de la desunión. Ahora los Estados se han dado quince días para que sus ministros de Finanzas articulen una propuesta económica para evitar la crisis. Pero de «Plan Marshall», ni hablar todavía. Respuesta internacional Llega el turno de instancias globales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras instituciones, trabajan ya conjuntamente para tratar de dar una respuesta coordinada al coronavirus. Se resisten a ponerle nombre al plan que puedan alumbrar a futuro pero la intención es visible. Si esto se tratara de hacer una tortilla de patata, la discusión sobre la cebolla estaría en un segundo plano porque lo esencial es cocinar la tortilla para que los países puedan alimentarse. Esa metáfora la ha entendido bien el Banco Central Europeo (BCE) con los 870.000 millones de euros que inyectará a las economías vía compra de deuda pública y privada -sin las limitaciones de la letra pequeña de sus otros programas-; incluso, tal como informó «Bloomberg», el BCE se plantea activar el programa OMT, creado en 2012 por Mario Draghi, nunca utilizado y que le permitiría financiar a la Eurozona sin límites, como ha anunciado la Reserva Federal (Fed) para con Estados Unidos. «Lo importante es mantener vivo el tejido productivo; si cae, tendremos una crisis bancaria y repetiremos los errores de 2008. Debemos asegurarnos de que las compañías con problemas de liquidez no devenguen en insolvencia; todos los bancos dejarían de funcionar como pulmón financiero. Además, si analizas las estimaciones de contracción del PIB, son similares a las que se produjeron en la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. Las medidas fiscales anunciadas son insuficientes», dice Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. Simone Tagliapietra, investigador del «think tank» europeo Bruegel, incide también en esa idea. El MEDE, el BCE, el Banco Europeo de Inversiones... es importante que todos contribuyan para evitar la gran recesión: «Hay dos niveles de acción: el primero, proveer de liquidez a familias y negocios para preservar el empleo y evitar bancarrotas; atajar los efectos temporales a corto plazo. El segundo, reflotar la economía cuando se haya derrotado al virus, para lo que necesitaremos un ‘‘Plan Marshall’’, que significa un gran plan de inversiones». Inversiones en múltiples sectores para reinventar la economía cuando la infección remita y «reconstruir» todo lo que esté dañado. El tiempo pasa y las soluciones permanecen escondidas en la alfombra europea. Los expertos no dudan en defender que hay que endeudarse, aunque haya Estados ya en niveles sobre PIB muy preocupantes, como es el caso de España que coquetea con el 100% de deuda pública sobre el total de la economía. «El incremento del gasto y la caída de los ingresos se traducirá en un aumento de la deuda, que ya es muy alta, y eso será una carga pesada en el futuro que habrá que ir pagando poco a poco. Pero el coste de no actuar sería mucho mayor», destaca Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Asimismo, este economista refuerza la idea de mutualizar los costes de esta suerte de «rescate», quién sabe a qué escala, si comunitaria o global, y desliza la posibilidad de aplicarnos en España el concepto de solidaridad subiendo impuestos para que el dinero alcance. Sin embargo, de nada sirve que la UE canalice un río de liquidez si esta no llega a la economía real. Los empresarios, los autónomos, los trabajadores. «Lo que no se habla es la operativa de cómo las ayudas pueden llegar en tiempo y forma a los afectados. Cuando se urdió el tema del rescate bancario, ese dinero no ha acabado fluyendo al ciudadano. Los bancos recibieron dinero pero no podían canalizarlo a las personas y las pymes al estar acogotados por los requerimientos de solvencia. Lo más importante es que exista una operativa ágil para que el dinero llegue a quien lo necesita», explica Antonio Rueda, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y director de VASS Research. En suma, perder parte del control sobre los fondos para que las ayudas puedan llegar rápido a los damnificados y el remedio no se convierta la enfermedad. Asumir los riesgos Así las cosas, todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de articular medidas a nivel supranacional, tanto para el corto plazo como para el largo. Pero difieren en dilucidar quién debe asumir los riesgos y poner los billetes en el tablero. Tagliapietra estima que la respuesta debe ser europea para el Viejo Continente y que el FMI se centre en mercados emergentes, que empiezan ahora a percibir los efectos, porque -dice- no tendría potencia suficiente para toda la UE. De la Torre es de una postura similar: «El problema de llamar al FMI es que ya tiene un volumen de préstamos muy elevado por los últimos tres años, entre ellos el préstamo a Argentina. Hasta 80 peticiones de ayuda ha recibido el FMI desde que empezó el coronavirus. Está desbordado y no está dotado para todo esto a no ser que los estados inyecten más dinero; el Banco Mundial tendría que centrarse en proyectos sanitarios en países emergentes». Antonio Rueda, por su parte, se decanta por confiar la respuesta al FMI en primera instancia, y/o al Banco Mundial. Pero entre todas las soluciones surge un gigante que suena con fuerza ya en ciertas esferas para rescatar a parte del mundo: China. «¿Quién tiene la liquidez para acometer un rescate? China. Además, esto va de geopolítica. Si el rescate lo hace China, podría provocar un cambio geoestratégico hacia Asia», dice Isaac Moriel, politólogo y consultor independiente, que además comenta que el gigante asiático podría haberse ofrecido ya a salvar a Italia, con algún puerto italiano como aval. Es decir, si no pudiera pagar, que China asumiera la gestión de esa infraestructura -ya se vería bajo qué fórmula-, algo similar a lo que llegó Xi Jinping con Sri Lanka. El dinero público ha de llegar con agilidad a la economía real, defienden los expertos Aun así, De la Torre destaca que el país asiático no podría tampoco asumir ese papel. «China tiene un problema muy grave: está extremadamente apalancada. La deuda china era de 1,4 veces el PIB en 2008 y ahora de 2,4-2,5. Eso acaba generando enormes desequilibrios, como en el sector inmobiliario, y una adicción al crédito por parte de las empresas. Esa política de endeudarse se puede mantener si se crece mucho, pero este año afrontará problemas serios», defiende este economista. Las predicciones sobre lo que debería hacerse están claras, sea quien sea el que asuma el riesgo. Primero -dicen los expertos-, mitigar el efecto a corto plazo sobre empresas y familias para que la economía no se pare, evitar las quiebras; y segundo, pactar cómo salir de este embrollo de manera coordinada mediante un mal llamado «Plan Marshall» de inversiones a gran escala y gasto público. Lo que nadie se atreve a vaticinar son los billetes que harán falta para salvar la economía. Hay quien ya suma esfuerzos a nivel supranacional a la espera de concretar medidas; hay quien -como Pedro Sánchez y Ángel Gurría- da impulsos políticos a ideas de futuro; y hay quien -como Alemania y Holanda- demuestran que su Unión es más de cooperación que de integración Europea. La crisis avanza y el tiempo apremia.

En unos días tan dramáticos como los que atraviesa nuestra sociedad, es importante que cada uno cumpla con su responsabilidad y se comporte, tanto en público como en privado, de manera ejemplar. Ejemplar es, desde luego, el comportamiento de tantos profesionales de la sanidad española que están dando una lección de generosidad y profesionalidad, supliendo la carencia de medios con una entrega que excede de largo lo exigible y esperable. Este reconocimiento se debe extender a los profesionales de las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, a los que les ha tocado realizar unas funciones que van mucho más allá de las que les corresponden. Ejemplar es también la labor de los trabajadores de los servicios públicos indispensables para continuar con el bienestar y la atención a las necesidades de los demás. Me refiero a empleados de limpieza, transportes, funcionarios que siguen operando y un largo etcétera que sale cada mañana a ocupar su responsabilidad, conscientes del riesgo que ello conlleva. Especialmente ejemplares son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que mantienen el orden y la seguridad en estos días y que colaboran con los sanitarios en cuestiones de logística, transporte y abastecimiento de enfermos y necesitados. Y, en este sentido, capítulo especial merecen los militares, desde los mandos a las tropas que, una vez más, acuden a la llamada de su país para hacer las tareas que nadie quiere o puede hacer en estos momentos. Y lo hacen sin dudar ni escatimar esfuerzos ni sacrificios. Ejemplar es la actitud de muchos políticos y responsables de diversas administraciones que, en esta crisis, se están mostrando eficaces para resolver problemas, resolutivos para superar barreras, valientes para adoptar decisiones difíciles y, cercanos para consolar y animar a su pueblo. Pero no solo no debemos olvidar, sino que debemos reivindicar, y hacerlo con contundencia, alto y claro, la función que empresas, es decir, trabajadores y empresarios están desempeñando en esta crisis. Las empresas españolas han demostrado ser capaces de garantizar el abastecimiento de la población, seguir produciendo, transportando y sirviendo bienes necesarios para los ciudadanos o las administraciones. Y lo están haciendo desde grandes industrias a pequeños comercios, desde empresas de distribución y transporte a instaladores o talleres. Ejemplo de esto lo vemos en Amancio Ortega, que en menos de una semana ha adquirido y transportado a un aeropuerto español la misma cantidad de material sanitario que los responsables públicos competentes para ello habían conseguido desde que, hace un mes, se activó la alerta. O lo vemos en el Banco Santander, con Ana Botín al frente, o en El Corte Inglés, con Marta Álvarez, que han dado ejemplares lecciones de comportamiento cuando su país lo requería. Pero también lo vemos en el panadero que ofrece hogazas desinteresadamente a los que trabajan en Ifema o en el pequeño empresario de Pinto que desinfecta cada día los coches patrulla o los taxis que, altruistamente, transportan al personal de los hospitales. Son muchos los que están ahí, y todos ellos son héroes sin capa. Pero este esfuerzo ejemplar no va a acabar cuando logremos torcerle el brazo a esta maldita pandemia y tendrá que seguir para frenar la posterior epidemia del desempleo. En ese momento vamos a necesitar mucha ayuda en forma de aplazamientos de impuestos, liquidez real a la economía productiva o flexibilidad laboral. Desde ya, los empresarios pedimos ayuda. Miguel Garrido de la Cierva es presidente de CEIM

Sun, 29 Mar 2020 03:44:56 +0200

Los políticos discuten estos días sobre la conveniencia o no de realizar un parón total de la actividad económica para contener la propagación del coronavirus en España. Ya se ha hecho en Italia, y en España lo piden algunas comunidades autónomas y los partidos más a la izquierda del arco parlamentario, incluido el de Pablo Iglesias, que está en el Gobierno. En el extremo opuesto estaba el «premier» británico, Boris Johnson, ahora afectado por el coronavirus, y que no ha tenido más remedio que corregir su estrategia inicial de mantener todo abierto para no perjudicar excesivamente a la economía, y está ahora Donald Trump, que insiste en que en Semana Santa quiere volver a tener totalmente abierto el país. Está... Ver Más

Sun, 29 Mar 2020 03:44:41 +0200

La expansión del Covid-19 ha alcanzado la dimensión de una crisis global sin precedentes en la historia reciente, cuya evolución y consecuencias son aún difíciles de predecir. Los efectos de la pandemia y la velocidad con la que se propaga están exigiendo la adopción de medidas extraordinarias por parte de las autoridades, cuya observancia es ahora imprescindible para proteger a las personas y conseguir frenar los contagios. Todos debemos poner de nuestra parte. Es ahora más que nunca cuando las empresas debemos demostrar nuestra capacidad de contribuir a la sociedad, como actores imprescindibles en una economía que quiera ser social y de mercado. Dicha aportación tiene, a mi juicio, dos vertientes diferenciadas: en primer lugar, la de perseverar más si cabe en la seguridad de nuestros trabajadores que, a menudo en primera línea de lucha, mantienen los servicios básicos o realizan labores de apoyo a quienes los prestan. En segundo lugar, y especialmente las empresas en sectores con un importante efecto tractor, debemos mantener e incluso acelerar las inversiones previstas allí donde sea posible. Es este el mejor modo de apoyar la actividad y el empleo en nuestros miles de proveedores, entre ellos muchas pequeñas y medianas empresas, y de impulsar una recuperación más rápida tan pronto como superemos esta situación. En el caso de Iberdrola, seguimos comprometidos sin desmayo con los compromisos que nos demandan nuestros grupos de interés y en especial con los colectivos mencionados anteriormente. Pero incluso las empresas están yendo más allá, apoyando desinteresadamente a las administraciones en la medida de sus posibilidades logísticas y financieras, recabando todos los suministros que ayuden a mejorar la situación sanitaria de nuestro país. Esta es, ante todo, una crisis sanitaria, pero el fuerte impacto que ya está teniendo en el Producto Interior Bruto (PIB) y, sobre todo, en el empleo, podría verse agravado si no garantizamos que la actividad productiva siga funcionando. Las soluciones a escala de cada país son necesarias, pero no suficientes. Ninguno tiene la capacidad para afrontar en solitario los impactos de esta crisis sobre la oferta y demanda global que auguran la mayoría de los expertos. Para lograr una recuperación intensa y rápida –en forma de «V»–, es necesario desarrollar estrategias coordinadas en las que las autoridades europeas deben desempeñar un papel relevante. Una Europa solidaria, capaz de dar una respuesta unida a la crisis, es la mejor garantía para dejar pronto atrás la recesión, relanzar la economía y, lo que es más importante, demostrar que el proyecto común de Europa responde a los ciudadanos cuando estos más lo necesitan. Superaremos la pandemia y España tendrá la oportunidad de aprovechar sus fortalezas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Contamos con las empresas, con los recursos y con el capital humano necesarios. No hay mejor estímulo al que acudir para superar las dificultades que la capacidad de sacrificio y compromiso de todas las personas que hacen posible que los servicios básicos de nuestro país sigan funcionando y, en particular, quienes combaten en primera línea la pandemia, para los que nunca habrá gestos suficientes de reconocimiento ante su encomiable generosidad. Todos ellos son hoy, y serán ya siempre, nuestros héroes anónimos. José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola

Tras años de abandono del modelo concesional por parte del Estado, España concentra el 73% de las vías gratuitas de gran capacidad en Europa, cifra que va en aumento con el progresivo fin de los peajes. Desde distintos sectores, incluidos algunos destacados socialistas, se cuestiona la gratuidad total de las infraestructuras viales y se plantea incorporar algún tipo de tarifa por uso de las autopistas y autovías, en consonancia con las directrices europeas de pago por uso y quien contamina, paga más. El vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el socialista Antonio Poveda, defiende la utilidad de los peajes en los accesos urbanos como medida contra la contaminación, e insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de su compañero José Luis Ábalos, y a la Generalitat de Cataluña, a que a que mantengan las barreras de los peajes de Martorell (AP-7), Mollet del Vallés (C-33) y Maresme (C-32), cuya concesión finaliza en el verano de 2021, con el objetivo de reconvertirlos en peajes de congestión. El AMB también propone implantar peajes en las autovías gratuitas A-2, C-58 y C-17 en las inmediaciones de Barcelona, donde desde enero está limitado el acceso a los vehículos más contaminantes en la denominada Zona de Bajas Emisiones. Por su parte, el Mitma ha rehusado comentar sus planes de futuro porque «ahora estamos concentrados en hacer frente al coronavirus». España, líder del gratis total Según Seopan, la patronal de las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, si en España se implantasen las tarifas medias de peaje europeas en nuestra actual red de 14.130 km de autovías ahora libres y se concesionase su operación y conservación por parte del sector privado durante 25 años, el Estado obtendría, de golpe, 104.000 millones de euros procedentes del pago inicial del sector privado. A esa cantidad inicial, las arcas públicas también obtendrían unos ingresos por recaudación de impuestos de 4.698 millones cada año, además de suponer un ahorro de 850 millones anuales de gasto en conservación viaria de la red libre de gran capacidad, dado que esas tareas las realizarían las concesionarias. Gestionar las vías de gran capacidad en españa en régimen de concesión aportaría al Estado, de golpe, 104.000 millones La extensión del actual gratis total «además de no garantizar la sostenibilidad y calidad de nuestro stock viario de capital público, implica desigualdad social, puesto que los usuarios del transporte público, que no reciben inversiones, sufragan con sus impuestos las carreteras; una desigualdad que también se produce territorialmente por el reparto de las vías de peaje», afirman desde las empresas. El modelo de gratuidad también denuncia la falta de armonización con el resto de modos de transporte, puesto que los usuarios del ferrocarril, de los aviones y de los puertos pagan 4.332 millones de euros anuales en concepto de cánones y tasas. Además, la extensión de circular gratis por las carreteras refuerza que el 94,9% del transporte de mercancías se concentre por esta vía frente a solo 1,6% del ferrocarril. Todo ello mientras el Estado seguiría invirtiendo 2.000 millones anuales solo en conservación de toda la red viaria. Ocho años sin concesiones Tras las reversiones de las autopistas AP1, AP7 y AP4, España concentra el 73,5% de la red de autovías libres de peaje europeas y el menor porcentaje de vías tarificadas de toda Europa (el 17% de nuestra red de autovías). Europa dispone un total de 61.604 kilómetros de vías tarificadas y 23 países tienen alguna modalidad de pago por uso en el 100% de su red, lo que supone 43.153 kilómetros tarifados, mientras otros cuatro países (Italia, Francia, Irlanda y España) tienen peajes en algunas partes de su red de gran capacidad. El diferencial entre España y el resto de Europa no cesa de aumentar, ya que mientras en nuestro país se levantan peajes, Alemania amplió en 2018 su red de peaje con nada menos que 38.000 kilómetros. En España, el modelo concesional ha desaparecido de la contratación pública desde el año 2012. En los ocho años anteriores a esa fecha, el Estado licitó la décima parte de lo contratado de 2003 a 2011. Según Seopan, la negativa de las administraciones públicas a utilizar la colaboración público-privada se basa en la idea equivocada de que la concesión es más cara que la financiación de las infraestructuras con cargo al presupuesto público. También pesan antecedentes negativos, como la liquidación de las autopistas radiales, cuyo fracaso, afirma la patronal, «se debe al incremento de 2.000 millones de euros del coste de las expropiaciones, además de no haber aplicado medidas de reequilibrio, pero no a un fallo del modelo o de gestión de las sociedades concesionarias». Tras las reversiones de las autopistas AP1, AP7 y AP4, España concentra el 73,5% de la red de autovías libres de peaje europeas Por el contrario, algunos expertos destacan que el modelo concesional no resulta más oneroso que el convencional si se contabiliza correctamente para la sociedad el coste financiero de los proyectos de colaboración público-privada. Entre las ventajas citan que las concesiones permiten adelantar en el tiempo la inversión y, con ello, los beneficios sociales asociados a la infraestructura cuando, como es el caso ahora, hay restricción presupuestaria. Mejora de la seguridad vial Entre las ventajas sociales, en el modelo concesional destaca la mejora de la seguridad vial, así como más innovación y la reducción y eficiencia de los costes. Desde la perspectiva fiscal, las concesiones permiten también, por la vía de los impuestos, la recuperación de la inversión, además de favorecer la equidad intergeneracional, ya que son los usuarios actuales los que sufragan los costes y no como ocurre en las inversiones que van a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Seopan señala otros beneficios del modelo concesional, como unas mayores eficiencias derivadas de la integración del ciclo del proyecto, al concentrar en un solo operador todas las fases de su vida, y también en la gestión y asignación de riesgos, ya que al asumir el operador económico una parte de ellos garantiza en mayor medida su prevención. Además, «los incentivos y también las penalizaciones garantizan el cumplimiento de los plazos y presupuestos originalmente establecidos, así como que son garantes de una mayor calidad de servicio a los usuarios al asumir el operador los efectos económicos negativos de su defectuosa prestación», afirma la patronal.

Atractiva por su hermetismo enigmático y su compleja génesis tecnológica, el bitcoin había acuñado desde su creación en 2009 una fama de activo refugio, una suerte de oro digital, frente a las turbulencias de los mercados financieros. Toda una leyenda que necesitaba enfrentarse a una verdadera situación de crisis y convulsión generalizada para convertirse (o no) en una profecía autocumplida. Y la primera prueba de fuego para la criptomoneda por excelencia fue más un baño de realidad que de gloria. La pasada semana, en pleno jueves negro, el bitcoin no era capaz de escapar del guion de pánico al que se ciñeron todos los activos y se desplomó un 40% en un solo día, llegando a perder en algunos momentos la referencia de los 4.000 dólares (la jornada anterior se movía por encima de los 7.000). La caída desde sus máximos anuales en esa semana superó el 60%. Ninguna criptomoneda escapó de una caída libre que algunos analistas intepretaron como el punto final de la historia de los sistemas monetarios digitales descentralizados como eventuales valores escudo frente al caos. Pero su posterior evolución inmediata que, en línea con su espíritu volátil, se ha traducido en notables repuntes (cerraba la semana en más de 6.600 dólares), ha vuelto a poner al bitcoin en la casilla de salida de las alternativas plausibles en la incertidumbre. «Es un error creer que bitcoin y otras criptomonedas tienen una correlación negativa con otros índices cuando surgen estos cisnes negros. En todo caso, está descorrelacionado: tiene un comportamiento que no siempre es a la inversa de los grandes índices o “commodities“. Que la Bolsa baje no quiere decir que el bitcoin vaya a subir, pero tampoco necesariamente lo contrario. Va un poco por libre», explica Daniel Díez, profesor del programa de Innovación Tecnológica y Fintech del IEB. Y parece que esa libertad apunta ahora más al cielo que al suelo. Para Jorge Soriano Lázaro, CEO y cofundador de Criptan, una compañía dedicada a la compra y venta de este tipo de divisas, el desplome de la semana pasada no significa que «el experimento haya fallado, simplemente se está poniendo a prueba una vez más. Y esto es positivo». «Lo que vimos en esos días es cómo se desarrollaba una crisis de liquidez. Esto significa que todos los inversores corren hacia las puertas de salida al mismo tiempo, pero como hay muchos más vendedores que compradores, a los inversores les cuesta mucho descargar sus activos en efectivo. Literalmente, los inversores comienzan a bajar agresivamente el precio que están dispuestos a aceptar por cada activo a cambio del efectivo que están buscando desesperadamente en este momento. Es por eso que vimos a cualquier activo con un mercado líquido hundirse de forma tan fuerte», explica Soriano. Algo similar ocurrió con el oro, el valor refugio por excelencia, en la hecatombe bursátil que siguió al derrumbe de Lehman Brothers en 2008. En los primeros días llegó a perder un 30% de su valor, «pero pronto la tendencia se revirtió y siguió una correlación negativa con el resto de activos para cotizar en términos positivos frente al S&P 500», recuerda Diez. Daniel Díez (IEB): «Que la Bolsa baje no quiere decir que el bitcoin vaya a subir, pero tampoco necesariamente lo contrario. Va un poco por libre» Muchos expertos creen que ese es el destino de las criptomonedas en esta crisis, aunque por otro camino. «Su gran volatilidad contribuyó a su reciente caída, pero también refuerza su atractivo ahora para aquellos inversores que no sean conservadores. Su recuperación está siendo muy rápida y las oportunidades de rentabilidad que está ofreciendo son muy atractivas. Es muy difícil, por ejemplo, que una gran compañía repunte un 20% en un solo día», apunta Miguel Nombela, analista del bróker XTB. Para Ramón Ferraz, CEO de 2gether, una plataforma de «trading» en criptomonedas, hay dos elementos que juegan a favor de la tesis de un bitcoin reforzado y con valor contracíclico durante las próximas semanas. «La primera es que el inversor no tiene muchas más alternativas. Se va a emitir mucho dinero por parte de los bancos, y eso será negativo para su valor. Y no puede pensar en bonos ni tampoco en acciones con la incertidumbre presente en casi todos los sectores. La segunda es que, en recientes crisis nacionales, como la cambiaria de Turquía o con los impagos de la deuda en Líbano, se ha visto un importante repunte de la actividad del bitcoin». «Hay que recordar que el bitcoin fue diseñado específicamente para esa situación: incertidumbre económica, desconfianza en la capacidad del dinero de mantener su poder de compra y falta de alternativas para proteger el patrimonio adquirido durante el mercado alcista más largo de la historia», subraya Soriano (Criptan). Oferta limitada y predecible Otra factor a favor de la tesis, apunta Daniel Díez (IEB), «es que tanto el oro como el bitcoin tienen una oferta finita, y en el caso de la criptomoneda, totalmente predecible». Su escasez está matemáticamente programada. Como explica Soriano, «Bitcoin tiene un calendario de emisión con objetivo de imprimir un total de 21 millones de monedas, que divide entre dos el ritmo de emisión cada 4 años. Este evento se conoce como “halving” y ocurrirá a final de mayo de 2020». En esa fecha, como explica Daniel Díez se pasará de generar 12,5 bitcoins cada diez minutos a 6,25 en el mismo intervalo de tiempo. Este “halving” es el tercero desde el nacimiento de bitcoin. «Las dos ocasiones anteriores han coincidido con que la cotización se dispara y comienza un ciclo alcista», apunta el profesor del IEB. 6,25 es la cantidad de bitcoins que se fabricarán cada diez minutos a partir de mayo, la mitad que en la actualidad ¿Estamos ante el momento del gran salto adelante de las criptomonedas? «Es un mercado aún muy pequeñito si se compara con los mercados globables de activos mainstream, pero cada vez hay una comunidad mayor en torno a él y se aprecia mucho su carácter descentralizado. Creo que esta crisis, precisamente, va a potenciar este tipo de modelos», subraya Ferraz (2gether). «La clave de futuro será la regulación. Un exceso en ese sentido acabaría con su esencia y rompería su atractivo», concluye Robles (XTB). Por el momento, el «oro digital» ha salvado el punto de partido de su primera crisis. Sistema a salvo Como explica Jorge Soriano, CEO de Criptan, la emisión de criptodivisas «es, grosso modo, un subsidio para pagar por la seguridad del sistema. De modo que su integridad y funcionalidad están directamente relacionados con el precio de la criptodivisa». Por eso, tras el desplome del bitcoin hubo quien incluso temió por la viabilidad del sistema. «A priori, un precio muy bajo sí podría poner en peligro la teoría de juegos detrás de bitcoin, pero con matices. Si el precio se mantiene por encima de 4.000 dólares no debería de haber grandes efectos: las empresas de bitcoin están preparadas y acostumbradas a soportar la volatilidad del mercado. Incluso precios más bajos deberían tener como consecuencia eliminar aquellos participantes sobreexpuestos y muy dependientes del “cash-flow”, dejando dentro del juego a aquellos jugadores con operaciones más saludables, lo que reforzaría el sistema», zanja Soriano

Que bandas de ciberdelincuentes hayan anunciado su intención de no cometer ataques informáticos contra hospitales, centros de salud y residencias de personas mayores durante el estado de emergencia que vive el mundo es la pura anécdota de una amenaza tan invisible y silenciosa como el Covid-19. El riesgo de sufrir ataques informáticos masivos se multiplica exponencialmente en los estados de alarma o de crisis, lo que puede tumbar por KO desde los sistemas de infraestructuras críticas de un país, hasta robar en nuestras cuentas bancarias o tirar por tierra la reputación y hundir una multinacional secuestrando los datos de todos sus clientes. Ni empresas, ni instituciones, ni trabajadores… nadie está a salvo. La situación se agrava si se tiene en cuenta que millones de profesionales se han visto obligados a trabajar en remoto de forma improvisada desde sus casas, con equipos y conexiones domésticas, sin experiencia y con escasa formación en herramientas tecnológicas y de seguridad. «El contexto actual es el perfecto caldo de cultivo para que un ciberincidente de hace un mes se pueda considerar de más relevancia. Ahora el impacto puede resultar mucho mayor», advierte Jorge Chinea, responsable de servicios activos del Incibe-Cert (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Por ahora, hay calma. «Hay más circulación de spam, algo que puede resultar normal porque hay más equipos conectados. Y el volumen de incidentes es el mismo desde que se declaró el estado de alerta. Eso no quiere decir que no se estén organizando ataques y tenemos todo previsto ante cualquier eventualidad». El hecho de que existan mayor número de usuarios conectados multiplica la exposición a los virus informáticos. «Los ataques funcionan por estadística: cuando se recibe un correo de suplantación, estos jáquer saben que un porcentaje de usuarios va a caer. Por tanto, cuanto mayor sea la difusión más efectivo va ser el ataque», explica David Megías, director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También pesa el factor humano, como indica Josu Franco, asesor de Estrategia y Tecnología de Panda Security. «Los cibercriminales —afirma— siempre tratan de aprovecharse de la situación. Y en un momento de excepcionalidad como este hay mucha gente preocupada a la que poder engañar». De hecho, una amenaza ya se ha dado esta misma semana. La Policía Nacional alertó de que había detectado un nuevo virus informático que a través de correos electrónicos enviados a sanitarios, y bajo el reclamo de «Información sobre el Covid-19», pretendía introducirse en los sistemas de los centros de salud. Se trata de una práctica que sufren cada año mayor número de empresas. Se conoce como «ransomware», es decir es el chantaje de toda la vida pero llevado al mundo virtual. Funciona así: organizaciones de ciberdelincuentes encriptan documentos y datos confidenciales de una organización. Para recuperarlos, piden a la víctima un rescate económico. «En el mercado negro de datos se puede llegar a obtener hasta 700 euros por los datos de cada usuario. Sus contraseñas, cuentas bancarias... Y se pueden usar para enviar otro ataque masivo», cuenta David Megías. «Por eso —continua—, una empresa es un caramelo, de donde pueden extraer infinidad de datos». Ecommerce Existen otras prácticas ciberdelictivas más frecuentes. En el «pishing» los jáquer suplantan una identidad haciéndose pasar por una fuente de confianza (una empresa, un banco...). Envían un correo electrónico al usuario, enlazando normalmente a una web fraudulenta. Cuando la víctima accede a esa web, obtienen toda la información y datos sobre ella. Además están los malware, los virus de todo tipo (gusanos, troyanos, botnet…) que cuelan en los sistemas informáticos de cualquier oficina o casa. «Y el fraude del CEO, un jáquer que suplanta la identidad de un director financiero y da instrucciones para realizar pagos y transacciones a un supuesto proveedor, pero el dinero va a otra cuenta», indica Gianluca d’Antonio, socio de Risk Advisory especializado en ciberseguridad de Deloitte. El aumento del ecommerce en estos días es otra variante en la que extremar las precauciones, advierte el experto. «Ahora, usamos diez veces más la tarjeta de crédito —dice— y otros medios electrónicos para pagar. Con cualquier brecha que tengamos en la seguridad nos pueden robar nuestras cuentas». Hay miles de casos. Según estimaciones del Incibe, en 2018, los últimos datos disponibles, se dieron 120.000 ataques a la seguridad de empresas y particulares. Un informe de Deloitte estima que el 76% de las compañías españolas han sufrido en 2019 «un ciberincidente con consecuencias significativas». Y eso tiene una factura. Incibe estima que en 2018 el coste medio de un ciberataque rondó los 75.000 euros, es decir unos 14.000 millones para las empresas españolas. Según Deloitte, el 76% de las empresas españolas sufrió en 2019 un ciberindicente de consecuencias significativas El documento demuestra que los ataques descienden en organizaciones con ingresos superiores a 5.000 millones de euros. «Las grandes empresas suelen tener bien protegidas sus infraestructuras porque tienen equipos de profesionales que se encargan de los sistemas informáticos y de las telecomunicaciones», señala Megías. Y las más pequeñas son precisamente el objetivo. «Como buscan la economía de escala, estos jáquer prefieren atacar varias pymes que suelen estar desprotegidas», afirma Jorge Chinea. Sin embargo, el 36% de las pymes no tenía ningún protocolo básico de seguridad. «Cuando precisamente, según el FBI, las pequeñas y medianas empresas son el objetivo del 56% de los ataques», asegura Gianluca d’Antonio. «Las pymes piensan que el riesgo lo tienen los bancos, pero estos han aprendido y han invertido muchísimo en ciberseguridad, entre el 8 y 12% de su presupuestos de tecnología. La pyme tiene que dejar de creer que la ciberseguridad es un lujo que no se puede permitir», recomienda el experto. Es más, ahora constituyen el blanco perfecto, «con empleados en casa y sin infraestructura para trabajar en remoto, unos con los ordenadores de la oficina y otros con los personales. Sin las últimas actualizaciones antivirus, ni de parches de seguridad. Compartiendo los equipos toda la familia. Todo eso es un gran riesgo», matiza Gianluca d’Antonio. Demasiados riesgos para hacer frente a una amenaza informática masiva. Por eso, para Josu Franco hay un consejo de oro: «Llevar al mundo digital el mismo comportamiento que estamos aplicando ahora en el mundo físico, donde somos más cautos, respetamos una distancia y no vamos tocando las cosas por ahí.Estamos a la defensiva». Pautas para la protección de equipos -Utilizar preferiblemente los dispositivos corporativos ante que los personales. Si no hay otra opción que usar estos últimos aplique medidas de seguridad. -Conectarse a la red interna desde una ubicación externa como puede ser el hogar hay que hacerlo de forma segura. Conéctese a redes wifi privadas (no públicas) o VPN, por sus siglas en inglés. Esta conexión es privada y cifrada, por lo tanto evita que los ciberdelincuentes puedan espiar la comunicación. Si no la ha facilitado la empresa, puede contratarse como servicio a un proveedor externo. -Covid-19, coronavirus, pandemia… son términos que tienen mucho gancho para llamar la atención y abrir newsletter, link, web… «Es un reclamo de campañas que envían correos con documentos con recomendaciones para lavarse las manos, para realizar suscripciones, recoger firmas o fondos a través de crowfunding… Pueden tener virus y software maliciosos», advierte Gianluca D’Antonio, que aconseja «no navegar por sitios de dudosa fiabilidad para buscar información. Se están detectando nuevos dominios con esos términos (Covid-19…), que no resultan seguros». Y tampoco descargar aplicaciones con esos términos. -Realizar «backups» de todos los datos. Y copias de seguridad de cualquier archivo o documento de forma periódica. Tendrá así una versión en caso de perder el original. Aplique la regla 3-2-1: realiza tres copias de sus datos, dos en soportes diferentes y la tercera copia en un lugar físico distinto. -No abrir correos electrónicos de fuentes sospechosas o desconocidas, y menos aún sus enlaces y archivos que pueden contener virus maliciosos. «Fijarse no solo el nombre del correo sino también la dirección de url: existen cadenas muy largas que no tienen sentido, puede también que aparezcan terminaciones extrañas muy diferentes a .com, .es o .org», recomienda David Megías. Esta recomendación se hace extensiva a todo tipo de enlaces y archivos que llegan por redes sociales. «Si viene de algún organismo oficial, comprobar el nombre y la dirección», matiza. Proceder de igual manera con las «fake news». «Un virus que se extiende tan rápido como el Covid-19 son las noticias falsas», apostilla el experto. -Actualice el software del equipo, las aplicaciones y los antivirus porque cada día aparecen nuevas amenazas. Y mantenga al día esas actualizaciones. «El 99% de los ataque se producen contra aplicaciones vulnerables que podían haber sido actualizadas contra ese virus», advierte Josu Franco. -Utilice contraseñas robustas y doble factor de autenticación, «siempre que se pueda, incluso en acceso remotos», recomienda Josu Franco. «Las contraseñas tienen que ser seguras con números, letras y algún símbolo particular, que no sean deducibles de nuestros datos personales. Lo conveniente es usar contraseñas diferentes y cambiarlas periódicamente», dice David Megías. -Mantenga en todo momento el control de su webcam, tape la cámara cuando no la esté usando. -Cuando no use el equipo, bloqué o cierre la sesión. Así permanecerán a raya las miradas indiscretas. -Utilice impresora o escaner propios, si usa alguno compartido elimine la bandeja de entrada cuando termine de utilizarlo. -No dejar a la vista información o datos relevantes como claves de acceso.

El pescado no es comida de cuarentena. Al menos eso da a entender la brusca caída de la demanda desde el decreto de alarma que, a su vez, ha desplomado los precios y está empujando a los pescadores a dejar de faenar. Las cifras son claras: el marisqueo en Galicia ha descendido un 77%, mientras los precios del pescado han caído más de un 50% como consecuencia de la menor demanda. Los precios de la pesca capturada por la flora asturiana, por su parte, han registrado una caída media de un 60%, que llegan en algunos casos al 80%. Esta tormenta perfecta, con amenaza sanitaria y caída de precios, pone en jaque a un sector clave para muchas regiones del territorio español. Una actividad a la que la paralización de las actividades no esenciales decretada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no afectará. De esta forma se une al resto del sector primario en la misión de mantener el suministro a la población. En este sentido, desde la patronal Cepesca, han mostrado su máximo compromiso y animado a la población, al consumo de pescado por sus propiedades nutricionales y su aporte a una dieta equilibrada. Sin embargo, esta organización ya ha advertido de problemas en los puertos de descarga y de riesgos para la salud de los tripulantes en las flotas de altura de Gran Sol - aquellas que pescan en caladeros de Irlanda, Reino Unido y Francia- y la congeladora, suministradoras de pescados como merluza, gallo, rape, bacalao, atún o marisco (gambas, langostinos o carabineros), entre otros. Al respecto, el secretario general de Cepesca Javier Garat, ha asegurado a ABC que aunque se trabaja «con normalidad» las dificultades para estas flotas llegan al descargar en el puerto de terceros países por las diferentes medidas que se están adoptando (cierre de fronteras, estados de alarma, cuarentenas, etc...). Además, el también presidente de la patronal europea de armadores Europêche, ha señalado que por la expansión del coronavirus «los tripulantes se están quedando más tiempo en el barco», para evitar contagios y se están adoptando «medidas de precaución adicionales». En esta línea, Garat ha hablado de «problemas de movilidad» al requerir por la distancia de seguridad más vehículos para trasladar a las tripulaciones - tres personas por furgoneta- y pide se introduzcan «excepciones» en el caso de las flotas de bajura (las que pescan en caladeros nacionales y vuelven a puerto en el día). Caída de precios y ERTE La flota de bajura es la más amenazada en este momento, especialmente la situada en el Mediterráneo, el Golfo de Cádiz y la del Cantábrico Noroeste como la de cerco del País Vasco. Según estimaciones de Cepesca, solo el 50% sigue faenando y la situación adquiere tintes preocupantes en la costa mediterránea donde ya 2.000 barcos de un total de 7.000 buques han parado ya su actividad. En Galicia, entre 2.000 y 2.5000 embarcaciones de un total de 4.200 mantienen su actividad. Por ejemplo, la flota de marisqueo de Rías Baixas ha parado. Por este motivo, ante la bajada de los precios en primera venta (la que se realiza en las lonjas) y las dificultades para cumplir con las recomendaciones sanitarias para evitar contagios por el carácter de las embarcaciones, desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y Cepesca llevan insistiendo desde hace una semana en que esta flota se pueda acoger a los ERTE por fuerza mayor, tal y como están haciendo otras actividades económicas. Un llamamiento al que se han unido los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que lo ven como una solución para mantener el empleo. Pero lo que está amenzazando crecientemente la supervivencia del sector es la caída de precios de algunos pescados emblemáticos en las lonjas. Tal sería el caso, ha apuntado Garat (Cepesca), del marisco que estaría padeciendo el impacto del cierre de hoteles, restaurantes o servicios de cátering. Por ejemplo, los precios medios de la merluza de pincho o palangre en los puertos de Celeiro (Galicia), Avilés (Asturias)y Pasajes (País Vasco) el día 16 de marzo (primer día laborable tras la proclamación del estado de alarma) se vendía a 6,7 euros/kg llegando a bajar el día 20 hasta los 3,3 euros/kg, pero el viernes ya se vendía a 5,9 euros/kg. Lo que el responsable de Cepesca ha atribuido a variables como el volumen de descarga o la menor oferta. Otro ejemplo es la merluza de volanta, que en los puertos mencionados, el pasado 16 de marzo se pagaba a 4,1 euros/kg y que el viernes ya se hacía a 1,3 euros/kg llegando a 0,90 euros por kg. En este sentido, desde Cepesca, han pedido a la gran distribución «esfuerzo» para que los precios de primera venta y el final vayan más en consonancia. Mirando a Bruselas Otra parte de la partida se juega en Bruselas, donde las patronales europea y española Europêche y Cepesca, han pedido una reunión por videoconferencia con el comisario de Pesca Virginijus Sinkevičius, para tratar temas como la reforma temporal del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) que introduzca la «fuerza mayor» para la recepción de ayudas o la posibilidad de trasladar las cuotas de pesca no consumidas este año a 2021. Aspectos en los que ya se está insistiendo desde el Ejecutivo español, de la mano del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas. La pesca, prioridad para el PP En este escenario, el grupo parlamentario popular registró esta semana tres iniciativas parlamentarias que trasladan las demandas del sector pesquero al Congreso. Joaquín García, portavoz de pesca del GPP, señala que con estas iniciativas se pide al Gobierno que clarifique todas las normas referidas al funcionamiento de las lonjas de primera venta de productos del mar, así como de la flota pesquera y el seguimiento comercial de todos los productos del mar. Solicita ayudas económicas directas e indirectas que ayuden a paliar las graves pérdidas económicas que se están produciendo. Otra de las demandas clave pasa por la exigencia al Gobierno de medidas para incentivar el consumo de pescado y así ayudar a mantener la actividad de la flota pesquera. Para García Díez «es imprescindible que se ayude urgentemente a frenar la bajada de precios que se está produciendo en las lonjas y que cuestiona la salida de parte de la flota a faenar ante la falta de rentabilidad. Ello podría abordarse desarrollando campañas de promoción y divulgación entre la población sobre la necesidad de consumir productos provenientes del mar». Además, los populares señalan a Ejecutivo el modelo de Noruega, queha declarado a la pesca y acuicultura como sectores de importancia crítica para la sociedad.

La crisis del coronavirus anticipa nuevos cambios en la industria mundial. El estallido del brote en China el pasado diciembre y su rápida propagación han puesto de manifiesto la fragilidad de un «dragón» que parecía invencible y los peligros que suponen para las empresas trasladar la producción a localizaciones muy alejadas geográficamente. Los problemas en las cadenas de suministro provocados por la pandemia del Covid-19, con las consiguientes pérdidas para las compañías que dependen del gigante asiático, han provocado que las multinacionales se cuestionen, más que nunca, su presencia en el país. La gran fábrica del mundo pierde fuelle. La luz que antaño la aupó como destino por excelencia de las deslocalizaciones hoy se apaga en medio de un escenario excepcional que nadie esperaba y que mantiene en vilo a las economías de todo el planeta. Así las cosas, firmas que en el pasado llevaron sus plantas a ese continente se plantean realizar el trayecto a la inversa y retornar a tierras más próximas para blindarse ante futuras disrupciones, tanto sanitarias como bélicas o causadas por catástrofes naturales. «Habrá una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad estratégica vinculada a tener cadenas de suministro globales y ser muy dependiente de un solo proveedor, como le pasa a muchas empresas con China», tal y como advierte Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Firmas que llevaron sus plantas a China se plantean retornar a tierras más próximas para evitar futuras disrupciones Los expertos coinciden en que a corto plazo el impacto del «cisne negro» del coronavirus Covid-19 es incuestionable. De hecho, el 59% de las empresas de la Unión Europea con presencia en China declaran haber registrado un impacto elevado de la enfermedad y la mitad prevén una caída de sus ventas superior al 10% en el primer semestre de 2020, según revela una encuesta de la Cámara de Comercio de la UE en China y la Cámara Alemana de Comercio en China, realizada entre el 18 y 21 de febrero. Pero en el medio-largo plazo la irrupción del Covid-19 marcará igualmente un punto de inflexión y empujará a que las multinacionales se replanteen su estrategia de producir fuera de su país de origen. «El coronavirus va a hacer que las empresas perciban con mucha más fuerza el riesgo que supone depender para sus suministros de fábricas que están muy lejos», asegura Enrique Fanjul, socio de la consultora de comercio exterior Iberglobal. Las consecuencias de este cambio de mentalidad serán claras. «Esto va a influir en que muchas compañías aceleren sus procesos de mover al país de origen parte de los procesos de producción o bien acercarlos más», asegura Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Proximidad ¿Y cuáles podrían ser esos nuevos destinos? En el caso de las marcas españolas, el norte de África y, en especial, Marruecos. «Si queremos aprovechar la ventaja de mano de obra barata y la proximidad geográfica, Marruecos es muy idóneo. A eso hay que añadir que es un país muy estable, que está teniendo un crecimiento económico importante. Países de Europa del Este también pueden ser candidatos para establecer fábricas directamente o contratar con suministradores de allí», sostiene Fanjul. Si bien es cierto que las fuentes consultadas convienen en que el coronavirus acelerará la tendencia, el fenómeno de la relocalización (también conocido como «reshoring») ya estaba en marcha desde hace tiempo. Si en los años 80, 90 y 2000 la globalización permitió que las industrias de los países desarrollados llevasen su proceso productivo total o parcial a países lejanos en busca de mano de obra barata, en la actualidad las tornas han cambiado. Desde 2014 hasta 2018 un total de 247 empresas europeas regresaron a sus raíces, según el European Reshoring Monitor. La mayoría de los casos corresponden a Reino Unido (44), Italia (39) y Francia (36). En España se contabilizaron 12 casos, lo que supone un 4,74% del total –al ser una economía muy basada en servicios no ha tenido tantas deslocalizaciones– con ejemplos como el de Mango, Orbea, integrada en Mondragón Corporación, o el de Muñecas Arias. «Los primeros casos de reshoring suceden alrededor del 2010, principalmente en Estados Unidos y Europa. Se forma el cóctel perfecto: los salarios en China van aumentando, hay una apreciación del yuan por la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio y el mercado de origen empieza a ser más productivo por la implementación de las tecnologías que están bajo el paraguas de la inteligencia artificial, con lo cual deja de tener sentido producir a tanta distancia», señala Marcelo Leporati, profesor de EAE Business School y autor del estudio «Made in Spain. ¿Otra vez?», que advierte, eso sí, de que esto no significa que estemos ante a la desaparición total de la deslocalización («offshoring» en la jerga), puesto que «hay sitios donde no queda otra que ir porque concentran todos los recursos, conocimientos, tecnologías e infraestructuras para producir ciertos bienes». Mano de obra cualificada La desaceleración económica y el ascenso del proteccionismo son otros factores que, como recuerda Fanjul, de Iberglobal, han propiciado que en los últimos años las compañías emprendan el viaje de vuelta a casa o a países vecinos. Y es que la producción de proximidad gana peso. «Hay un ejemplo muy claro en el sector de la moda. La tendencia es ir sacando al mercado colecciones nuevas con mucha rapidez, lo que significa que las series de producción tienen que ser muy cortas, con lo cual no compensa llevarse la producción muy lejos», defiende Bonet. En cuanto a creación de empleo, el estudio elaborado por Leporati, que bebe de la base de datos de European Reshoring Monitor, desvela que solo un 10% de los trabajos perdidos en manufactura en la UE entre 2003 y 2016 se debieron a la deslocalización, mientras que el fenómeno inverso generó 9.267 puestos (el 1% en nuestro país), una cifra que en EE.UU. asciende hasta los 19.581 empleos. «Se destruyen trabajos muy poco cualificados en detrimento de mano de obra mucho más formada y especializada en nuevas tecnologías», subraya. Muñecas Arias se fundó en 1974«Contar con el Certificado de Producto de Origen Español es un motivo de confianza y un valor añadido» Muñecas Arias, empresa familiar fundada en 1974, tiene claro que el «made in Spain» gusta. En torno al 2000, la firma, como tantas otras en aquella época, trasladó algunas líneas de producción a China. Sin embargo, después regresó a España por «el valor añadido que le da al producto, la confianza del cliente, la calidad y la proximidad», tal y como explican a ABC desde la compañía. «Mantenemos alguna línea allí, pero es lo mínimo. La muñeca se hace 100% en La Foia de Castalla (Alicante). El Certificado de Producto de Origen Español es un motivo de confianza y un valor añadido», aseguran.

Los dividendos son la forma que las empresas tienen de repartir sus ganancias con los accionistas o simplemente de premiarles por su confianza. Sólo en España, las cotizadas nacionales repartieron 29.400 millones de euros en dividendos en 2018, un 4% más que en 2017. Y lo que íbamos conociendo ya respecto a los que se supeditaron a cargo del ejercicio 2019 estaba en línea con ese progreso alcista. Pero... el estallido de la crisis provocada por el coronavirus se ha cargado todos los parámetros tradicionales de la actividad económico-empresarial que nos rodeaba hasta hoy, y el de la medición del desempeño de las compañías no iba a ser menos. Golpazo de realidad en toda la frente como diría aquel y, así, a partir de ya, y simplificando mucho, sólo habrá dos tipos de grandes empresas: las que den dividendo y las que no. El dividendo es, al fin y al cabo, la razón de ser de quien deposita su dinero en manos ajenas, la mejor recompensa al factor riesgo de tener confinados los ahorros, especialmente cuando la acción de todas las compañías a nivel mundial no parecen tener mucho recorrido y el dividendo, en efectivo o vía script, es la satisfacción del accionista, la única forma de que nadie le termine pagando con lo que ya era suyo y, a su vez, obtener recursos alternativos para diversificar su plan de inversión, por modesto que sea. Pero, todo ha cambiado con el dichoso virus. El conocido refrán español «Más vale pájaro en mano, que ciento volando», que ha sido el principal reclamo de la inversión por dividendos, es ahora la razón que esgrimen los primeros ejecutivos de la mayoría de las grandes cotizadas del país para cambiar el paso en su estrategia. Con la situación de colapso total de la economía y cese de la actividad provocada por las medidas del Gobierno Sánchez en la lucha sanitaria contra el Covid-19, buscan la manera de preservar sus cajas. Y a los ajustes de plantilla (sobre todo por ERTE), y parón de ingresos por cese de actividad obligada también, añaden el aplazar la toma de decisiones respecto al dividendo y evalúan la posibilidad de mantener en caja los fondos que tenían previsto repartir entre sus accionistas Por ello, la oleada de revisiones de políticas de distribución de dividendos ha sido incesante en los últimos días. Amadeus, Inditex, Airbus, Aena, Ferrovial, Repsol... y, los bancos, sector en el que se adelantaba el Santander con su decisión de retrasar el dividendo hasta 2021 y bajar el sueldo de su cúpula, algo que ha puesto en guardia al resto de sus rivales y, sin duda, les ha marcado el camino a seguir... ...Y éramos pocos y llegó el Banco Central Europeo (BCE) y su presidenta, Christine Lagarde. No había salido aún del descrédito de proporciones bíblicas originado hace unos pocos meses a propósito de las ventas netas de activo; no había terminado el regulador europeo de recuperarse de tumbar los mercados días atrás con su peculiar tesis según la cual no es responsable de controlar los rendimientos; nada de eso había sucedido cuando evacuó una recomendación para que los bancos cancelen el dividendo. Quizás olvidó Lagarde que buena parte de las entidades ya lo habían analizado por su cuenta y riesgo para fortalecer la posición de liquidez. Y es que el BCE parece empeñado en demostrar que muchas veces los males empeoran con los remedios. Lagarde y su equipo deberían saber a estas alturas que el buen doctor debe saber tanto para recetar como para no recetar, pues muchas veces el arte consiste en dejar estar las cosas. El supervisor quiere que los bancos tengan liquidez suficiente para financiar a empresas y familias en estos momentos de dificultades económicas y, sobre todo, que tengan capacidad suficiente para absorber eventuales impagos y pérdidas. Ahora bien, ¿no habíamos quedado en que la solución a esta crisis pasaba, por colleras, por el aumento de deuda pública y la cancelación de deuda privada? Luego se quejarán de que nuestros bancos no levantan cabeza, que ofrecen escasos ratios de rentabilidad y no faltarán lumbreras, con perdón, que vuelvan a martillear con lo de la consolidación del sector financiero y los gigantes europeos. Y vuelta a empezar. Querer hablar y oírse no sale bien. Acostumbra a ser pesado el hombre de un solo asunto... Y es que los reguladores deberían haber hecho hace tiempo una recomendación sobre la política de los dividendos para que las compañías, todas a una, supieran a qué haberse atenido y establecido una estrategia coherente y ortodoxa para proteger la solidez financiera. La CNMV no ató en corto a los cortos cuando debía y habrá pensado que se pronuncie La Moncloa, o el BCE, que donde hay patrón no manda marinero. Y así, a este paso el supervisor bursátil saldrá de esta crisis como Cnm...U o Cnm... L, depende a quién le pregunten, claro En definitiva. Algo de libro. Nadie compra acciones de nada en un escenario en que no se da retorno del beneficio y cuya participación cada vez vale menos. El BCE decide lo que decide para curarse en salud. Le pasa la pelota a las entidades. Y luego cuando su valor caiga y se hagan «chiquititos» saldrá con la cantinela de que hay que juntarse y promover gigantes sistémicos.

El confinamiento decretado por el Gobierno para tratar de contener la propagación del coronavirus ha parado en seco la actividad económica y, por tanto, desplomado de forma inmediata los ingresos de muchas empresas del país. Las compañías han reaccionado rápidamente no solo ajustando temporalmente sus plantillas, sino también reduciendo la retribución a sus accionistas para poder acumular liquidez suficiente ante la incierta duración de esta crisis sanitaria. Hasta la fecha y en poco más de una semana, cotizadas españolas han recortado, cancelado, aplazado o puesto bajo revisión dividendos por unos 14.400 millones de euros. El número de empresas que han exigido este esfuerzo a sus accionistas va creciendo y lo previsible es que en las próximas semanas muchas otras reformulen también su política de remuneración a los mismos. Aquellas directamente más afectadas por la parálisis de la actividad derivada de la pandemia del Covid-19, como las de los sectores turístico y del transporte, y las compañías con más dificultades para generar flujo de caja durante el confinamiento de la población, como empresas de consumo, han sido las primeras en tomar esta decisión. El gigante textil Inditex ha pospuesto al consejo de administración previo a su junta de accionistas, prevista para julio, cualquier decisión al respecto, lo que por primera vez en la historia del grupo deja en el aire el reparto de dividendo, que el año anterior alcanzó los 2.742 millones. El proveedor tecnológico de servicios turísticos Amadeus directamente ha cancelado el dividendo complementario de 320 millones previsto. El fabricante paneuropeo Airbus ha suspendido el pago récord que preveía hacer, de 1,8 euros por acción, para repartir 1.409 millones, y AENA ha aplazado su dividendo de 1.153 millones de euros. Ferrovial ha condicionado el momento de pago e importe final, que inicialmente se preveía alcanzase los 551 millones de euros, al impacto final de la crisis del coronavirus. Repsol, por su parte, ha suspendido su programa de recompra de acciones, valorado en unos 1.000 millones, con el que retribuía también a sus accionistas. La oleada de revisiones de políticas de distribución de dividendos por la crisis provocada por el coronavirus ha sido especialmente intensa en el caso de la banca. El Banco Central Europeo (BCE) llevaba días reclamando a las entidades financieras de la Eurozona prudencia en el reparto de dividendos; el supervisor quiere que los bancos tengan liquidez suficiente para financiar a empresas y familias en estos momentos de dificultades económicas y, sobre todo, que tengan capacidad suficiente para absorber eventuales impagos y pérdidas fruto de la crisis. El pasado viernes, el organismo presidido por Christine Lagarde fue más allá y directamente exigió a los bancos que cancelen los dividendos de 2019 y de 2020 y las recompra de acciones. La decisión del supervisor no afecta a los dividendos de 2019 ya abonados o aprobados en las junta de accionistas, pero sí a aquellos bancos que aún no han celebrado su asamblea, aunque ya la hayan convocado, y en el orden del día se contemple aprobar la remuneración con cargo a 2019. En estos casos, el BCE insta a esas entidades a enmendar tales propuestas de retribución en línea con su recomendación de no pagar dividendo. Ajuste obligado en la banca El Santander, antes de esa orden del BCE, ya puso en revisión el dividendo de 2020; del dividendo de 2019 ha abonado por ahora 0,10 euros por acción, mientras que los 0,13 euros por título restantes previstos se someterán en principio a aprobación de la junta del próximo 3 de abril. El BBVA, por su parte, fue la primera entidad en celebrar su asamblea y aprobó el pago de una remuneración total de 0,26 euros. Caixabank anunció que recortará el dividendo previsto para 2019 de 0,15 a 0,07 euros por acción, con lo que se ahorrará casi 480 millones de euros, así como el de 2020. El Sabadell tampoco revisará el pago con cargo a 2019, de 0,04 euros por acción, al haber sido aprobado ya. Y Bankia acordó repartir 0,115 euros por acción por 2019, pero canceló cualquier extraordinario, anunció prudencia en el de 2020 y renuncia a cumplir su objetivo de repartir 2.500 millones en dividendo. La crisis del coronavirus ha sorprendido a las compañías cerrando sus cuentas anuales de 2019 y en plena celebración o convocando sus juntas generales de accionistas, y por tanto en plena toma de decisión del dividendo a repartir con cargo a los resultados del pasado ejercicio. Conscientes de ello y de la necesidad de las cotizadas de ajustar la retribución a los accionistas al previsible mazazo económico de la pandemia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Colegio de Registradores han indicado a las empresas distintas posibilidades para reformular sus cuentas y sus propuestas de dividendos en caso de que lo necesiten, hayan convocado o no su junta de accionistas. Medida temporal Esta medida de prudencia tomada por las cotizadas españolas, en línea con empresas del resto de Europa, aunque es temporal, golpeará de forma pasajera uno de los principales atractivos de la Bolsa española, que es el dividendo de sus cotizadas. Y a diferencia de otras ocasiones, no se está viendo al menos por ahora un tendencia a sustituir el pago en efectivo por pago en acciones («scrip dividend») para ocultar esa reducción. El recorte afectará no solo a grandes fondos accionistas del Ibex, sino también a pequeños ahorradores, incluidos pensionistas, que tienen parte de su dinero invertido en acciones, así como al Estado, que puede ver mermados sus ingresos por sus participaciones en compañías como AENA, Bankia, Airbus, IAG, Red Eléctrica, Enagás, Ebro Foods e Indra. Solo a través de AENA, que ha pospuesto su decisión sobre el dividendo; Bankia, que ya lo ha recortado, y Airbus, que ha cancelado la remuneración de 2019, las arcas públicas se juegan 1.770 millones. Bolsa de Nueva York - AFP Las empresas insolventes crecerán un 14% En los mercados de capitales lo peor aún está por llegar. Así lo cree la aseguradora Euler Hermes, que estima que las empresas insolventes «crecerán un 14% en todo el mundo en 2020». Y es que en su opinión, los mercados aún no han digerido los efectos negativos que tendrá la cuarentena de «tres cuartas partes del PIB mundial». «Esperamos que la volatilidad a corto plazo provocará la pérdida de otro 20% adicional para los mercados de renta variable», aseguran. La recuperación llegará «gradualmente» a final de año, cuando la economía comenzará a crecer en «forma de U».

Arrancan dos semanas más de estado de alarma y lo hace con medidas de confinamiento y aislamiento social reforzadas. Tras dos semanas defendiendo que las medidas adoptadas para combatir el coronavirus Covid-19 ya eran de las más drásticas adoptadas por ningún país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una intensificación de las medidas al comunicar que «todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas». Un freno en el motor productivo del país que hasta ahora el Gobierno había evitado . Gran parte de los partidos del arco parlamentario se lo reclamaban. También presidentes autonómicos como Emiliano García Page, Fernando López Miras y también Quim Torra habían demandado medidas más contundentes contra el coronavirus en lo que respecta a la limitación de movimientos. Y la demandaban con fuerza desde Unidas Podemos. El Gobierno opta finalmente por esta decisión amparado en el criterio del comité científico y en un momento en el que la interpretación gubernamental de los datos es que podemos estar cerca del pico de la curva de contagios del Covid-19. Sánchez compareció en La Moncloa con un sombrío telón de fondo: 72.248 contagiados y 5.690 fallecidos por el nuevo coronavirus. Unas cifras en las que las señales de mejora quedan eclipsadas por el colapso hospitalario. Un permiso retribuido recuerable Un Consejo de Ministros extraordinario, será la tercera reunión del Gobierno esta semana, aprobará esta medida que limitará la actividad laboral de forma drástica. Se aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no sea esencial o porque no pueda teletrabajar. Esta iniciativa estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril. Lo que significa esta medida es que durante los días de este permiso retribuido, los trabajadores «continuarán recibiendo su salario con normalidad». Y cuando acabe esta situación los trabajadores recuperarán las horas de trabajo «de manera paulatina y espaciada en el tiempo». En principio se podría recuperar hasta final de este año. El presidente justificó esta fórmula por la cercanía de la Semana Santa, ya que solo afectará a ocho días laborables. Esta medida adicional se considera necesaria para reducir aún más la movilidad de personas, disminuyendo así el riesgo de contagios. Y permitiendo así descongestionar las UCI en los hospitales, que según las estimaciones de Sanidad llegarán a un escenario de saturación la próxima semana. Sánchez consideró que esta medida es crucial para «disminuir aún más el riesgo de contagio». No obstante, en el Gobierno no garantizan en ningún caso que esta prórroga del estado de alarma sea la última. Más bien al contrario. Pedro Sánchez justificó que es a medida que se acerca «la cresta de la ola» cuando el coronavirus «golpea de forma despiadada». Por eso, ahora, «es el momento de intensificar la lucha. Reducir la movilidad es ir en la dirección adecuada». El presidente puso en valor que la reducción de la movilidad ya está siendo «sobresaliente» y de que «estamos en la dirección adecuada». Esta reducción es especialmente importante durante los fines de semana, y Sánchez dijo que si se logra «extender la movilidad del fin de semana durante próximas dos semanas venceremos antes al virus». Aunque Pedro Sánchez ofreció más dudas que certezas en lo que se refiere al detalle de la norma. Y hasta que hoy no se apruebe la medida no terminarán de quedar definidas cuáles son esas actividades esenciales. El único ejemplo que ofreció Sánchez es el relativo a la construcción, que tendrán que cesar su actividad. Algo que ya había demandado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En la práctica esto significa la paralización de toda industria que no sea básica, aunque el presidente quiso poner en valor que esto no significa llevar a cero la economía al encontrar esa fórmula de convertir días laborales en permisos retribuidos.Dudas de los partidos Dudas de los partidos Pero esta falta de concreción fue muy criticada ayer por partidos que están apoyando al Gobierno en sus medidas en el Congreso de los Diputados. El PNV manifestó su «sorpresa» por la forma en que se anunció. Criticando que no se especifique cuáles. También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se mostró crítica. Aunque reconoció que muchos españoles ven necesario reforzar las medidas para garantizar el distanciamiento social, si que cuestionó la falta de claridad: «Debe dar garantías y tranquilidad a trabajadores, autónomos y empresas. Hoy no lo ha hecho». El secretario general del PP, Teodoro García Egea, criticó la «improvisación» del Gobierno a la hora de tomar la medida. Aunque el número dos del PP aseguró que Sánchez seguirá teniendo «todo el apoyo» de su partido aunque estas medidas «lleguen tarde». Fuentes del PP aseguraban ayer que Pedro Sánchez no había llamado a nadie de su formación para informar de la decisión, informa Mariano Calleja. Antes de hacer este anuncio el presidente Sánchez realizó una intervención inicial muy dura contra la forma en que la Unión Europea está respondiendo a esta crisis. Un malestar que nace tras un Consejo Europeo el pasado jueves en el que no pudo alcanzarse ningún acuerdo y en el que España e Italia rechazaron una respuesta tibia: «La Unión debe dar una respuesta económica unida, promover una economía de guerra, la resistencia y, después, poner en pie la actividad movilizando una gran cantidad de recursos». Sánchez señaló que en esta hora Europa «no puede fallar» porque la situación «está poniendo a prueba el proyecto europeo». Y en este sentido ha demandado «pruebas de compromiso real por parte de Unión Europea».

El impacto que el coronavirus está teniendo en economía es devastador. Ya nadie lo niega, ni el propio Gobierno. En diez días los trabajadores que han pasado a una situación de paro rondan los dos millones consecuencia de 240.000 regulaciones temporales del empleo en toda España, la figura con la que el Ejecutivo busca contener una sangría en el empleo tras decretar el cierre de negocios para contener la propagación del virus Covid-19. A estas regulaciones temporales de empleo habría que sumar también los despidos realizados antes de que el viernes el Ejecutivo impusiera por decreto la prohibición de despedir por causas económicas durante la pandemia. Una cifra que UGT y CC.OO. han situado en el entorno del millón, trabajadores que habrían causado baja en la Seguridad Social. Un escenario laboral que se dejará sentir en los datos de paro registrado que se conocerán el próximo dos de abril. El paro enfila hacia los 5 millones y la Seguridad Social perderá en torno a un millón de afiliados, según las fuentes consultadas por ABC. Un pico con el que ya cuenta el equipo económico, que no se alcanzaba en España desde los peores años de la crisis, en 2013 y que confía en que sea puntual. La mano de los sindicatos Este desastre en el empleo es lo que llevó al Ejecutivo a decretar la prohibición de realizar despidos objetivos por causas de fuerza mayor, técnicas, organizativas y de producción mientras dure la crisis sanitaria, además de prorrogar la vigencia de los contratos temporales. Unas medidas que durante días habían reclamado UGT y CC.OO. y el ala más dura del Gobierno las hizo suyas. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, el cerebro económico de Podemos, se impuso a Nadia Calviño y convenció al presidente del Gobierno de que solo con una medida prohibitiva se podrían frenar la avalancha de extinciones que se estaban produciendo en España. El anuncio pilló por sorpresa a la clase empresarial, que no fue consultada y conoció la noticia al mismo tiempo que el resto de los españoles, lo que dio lugar a uno de los comunicados más duros que han salido en los últimos años de la patronal y que ya aventuran una dura batalla con el Gobierno. La patronal escucho de la titular de Trabajo duras palabras sobre la clase empresarial. «Nadie puede aprovecharse de esta crisis y usar el covid-19 como excusa para despedir», dijo Díaz, tras anunciar que la Inspección se pone a trabajar ya a toda máquina para detectar y evitar situaciones de fraude. La ministra reclamó a las empresas ejemplaridad y que se «comprometan con su pueblo y mantengan los puestos de trabajo». La artillería desde la organización que dirige Antonio Garamendi no se hizo esperar en forma de balas advirtiendo de más paro, desconfianza de los inversores y, en definitiva, una recuperación frustrada cuando se doblegue la pandemia del coronavirus. El decreto ley con las medidas laborales de contención del desempleo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él el Gobierno admite que la crisis del coronavirus está teniendo un «impacto devastador» en el mercado de trabajo. La norma establece que la duración de los expedientes temporales de empleo aprobados no pondrán extenderse más alla del periodo en el que se mantenga la situación extraordinaria derivada del covid-19, lo que significa que su duración máxima será la del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo y sus prórrogas. ¿Qué busca el Ejecutivo con esta medida? Con el final de todos los ERTE al mismo tiempo pretende que la situación vuelva a la normalidad y lograr la ansiada recuperación en V a la que aludió el propio Pedro Sánchez cuando decreto el estado de alarma el día 14, teniendo en cuenta que las empresas se van a ver obligadas a mantener sus plantillas durante seis meses. Una posibilidad sobre la que ya dudan muchos expertos y las organizaciones empresariales, más aún después de que el Ejecutivo pusiera en marcha medidas restrictivas para las empresas. Unas medidas que lo que hacen, en la práctica, es endurecer el despido. Las extinciones que desde ayer quedan prohibidas tienen una indemnización de 20 días por año trabajado y una anualidad como máximo cuando el juez estima procedentes sus causas. De no ser así, la indemnización aumenta hasta los 33 días por año y dos anualidades máximo. La sombra de la inconstitucionalidad ya planea sobre el decreto sindical. Expertos laboralistas han explicado a ABC sus dudas sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores con la herramienta del decreto. «Una ley en vigor no se puede vetar ni limitar por el Ejecutivo sin más, si no es con una nueva ley que la reforme», asegura una de las fuentes consultas. Añade que «un juez debe aplicar la ley en vigor, que mientras no se cambie, es la actual, lo más que puede hacer un juez es declarar el despido improcedente». Liquidaciones y concursos El presidente de Fomento del Trabajo y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez, dudó ayer la constitucionalidad del decreto y advirtió de que «atenta contra la libertad de empresa». Agregó que es una decisión «unilateral, gravísima e injustificada» que condenará a muchas empresas al concurso de acreedores y a la liquidación. Sánchez Llibre añadió que «no podemos tolerar que se ponga en duda la honorabilidad de los empresarios y que se nos ponga bajo el foco del fraude por abusar del covid-19». «Quien genera trabajo son los empresarios y no el Boletín Oficial del Estado», concluyó.

CEOE y Cepyme han reaccionado duramente al anuncio realizado esta tarde en una comparecencia pública por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez de que, a partir del lunes, se paralizarán todas la actividades no esenciales. En concreto, las patronal ha advertido de que va a ser «una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial». En este sentido, ambas organizaciones empresariales, han constatado que este «parón» puede derivar en «una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social». Además, ha advertido que entre los empresarios hay «un desconcierto total» y exigido que la medida anunciada hoy vaya acompañada de otras que eviten el agravamiento de la actual situación, especialmente para pymes y autónomos. Las patronales han expresado también su temor a «una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva». En cualquier caso, han respaldado «las últimas medidas sanitarias» y garantizado su acatamiento.

Costernación en CEOE ante las nuevas medidas del Gobierno. Pese a las reuniones continuas con los agentes sociales, Moncloa no informó al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, de que iba a limitar aún más la actividad económica hasta minutos antes del discurso de Pedro Sánchez de ayer, apuntan fuentes empresariales a ABC. Después de escuchar a Sánchez, Garamendi reunió de urgencia por videoconferencia a sus vicepresidentes. Desde la patronal ven con preocupación la medida. Creen que lo aprobado en los últimos días por el Gobierno pone la puntilla a muchas empresas, ya que dificulta el despido en un momento de parón de la actividad, a lo que ahora se suman más cargas para las compañías. Así, desde mañana, hasta el 9 de abril serán las empresas las que deban adelantar los sueldos de permiso de los trabajadores que no puedan desplazarse en aquellas actividades, como la construcción, que no puedan funcionar con los empleados en casa, en lo que supondrá «pagar nóminas sin producir» Si bien estas fuentes señalan que CEOE entiende la gravedad de la situación actual y el objetivo de reducir el número de contagios y fallecidos por el virus, señalan que la recuperación necesitará de más medidas para reforzarla, ya que la economía se apagará «de facto» en numerosos sectores ante el último decreto del Gobierno. Como fuere, apoyarán al Ejecutivo en estas circunstancias de extrema gravedad ya que «aceptan todas las recomendaciones sanitarias», aunque el distanciamiento es evidente.

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la salida definitiva de la empresa de telecomunicaciones de Eduardo Zaplana, cuya relación laboral con la compañía se encontraba suspendida desde que en mayo de 2018 el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana fuera detenido en el marco de la 'operación Erial'. Según ha podido confirmar Europa Press, la salida de Zaplana de Telefónica, que pone fin así a su presencia en la empresa de la que formaba parte desde que fuera fichado en 2008 por César Alierta como delegado para Europa, se ha producido de "común acuerdo". La vinculación del exministro con Telefónica se encontraba suspendida desde el 22 de mayo de 2018, cuando la empresa presidida por José María Alvarez-Pallete tomó esta decisión "con carácter inmediato" tras ser detenido e investigado por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana. Tras esta suspensión, Zaplana solicitó su readmisión en Telefónica y, al mismo tiempo, cursó la baja por enfermedad, ya que padece leucemia, motivo por el cual la salida del exministro no se ha podido resolver hasta ahora. Fuentes de la operadora de telecomunicaciones han rehusado hacer comentarios sobre esta información. Zaplana fichó en septiembre de 2008 por Telefónica como delegado para Europa, con dependencia directa del entonces presidente de la operadora, César Alierta, y asumió entonces los cargos de consejero de Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa. En diciembre de 2008 abandonó sus responsabilidades como delegado de la compañía para Europa y fue nombrado adjunto al secretario general Técnico de la Presidencia. En enero de 2012 dejó de ser miembro del consejo de Telefónica Europa.

Parece un hobby excéntrico, pero mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Los países latinoamericanos, con la mayor biodiversidad del mundo, están particularmente bien ubicados para ello.

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Para el economista checo, el sueño del faraón y José en la Biblia es el primer pronóstico macroeconómico. Con las palabras de David Bowie, Oscar Wilde y Brad Pitt explica su visión de una economía con rostro humano.

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La revista Forbes estimó que Elizabeth Holmes, la otrora número uno del ranking de las mujeres "hechas a sí mismas" más ricas, tiene un capital que "no vale nada". Sin embargo, su empresa señala que son especulaciones.

En tiempos en que los grandes empresarios se visten de jean y camiseta gris (piensa en Mark Zuckerberg), ¿qué debemos ponernos para buscar empleo? Una pregunta difícil pero no imposible de responder.

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En la ciudad que antes era sinónimo de desarrollo por ser el epicentro de la producción petrolera venezolana han vuelto a generarse interminables filas para echar gasolina. BBC Mundo estuvo ahí.

La batalla legal entre Hulk Hogan y Gawker originó un debate sobre la libertad de prensa en la era digital y el poder de Silicon Valley desde que se supo que el cofundador de PayPal apoyó al exluchador con US$10 millones.

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